Ibermutua y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) han firmado un convenio para colaborar en el desarrollo y ejecución de acciones relacionadas con las actividades comprendidas dentro del ámbito de actuación y acción protectora (coberturas, prestaciones y servicios) de Ibermutua.
Así, el documento suscrito prevé la presencia de profesionales expertos de ambas entidades en futuras investigaciones, estudios, informes y publicaciones relacionados con la gestión de las coberturas, prestaciones y servicios que desarrolla Ibermutua, así como a aquellas actividades de prevención de riesgos laborales y gestión del absentismo por causa médica comprendidas en el ámbito funcional y acción protectora de la Mutua que resulten de interés para el desarrollo de investigaciones en común.
Además, ambas partes colaborarán en la organización de jornadas relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente a las coberturas, prestaciones y servicios que efectúa la Mutua.
El acuerdo también contempla el intercambio de información entre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.
El convenio ha sido suscrito hoy en el Centro Integral de Servicios de Ibermutua en Valladolid por Enrique Cabero Moran, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y Rafael Tortuero Martín, director territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja.
Sobre el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL)
El CESCYL es la Institución propia de la Comunidad de carácter consultivo en materias económica, social y laboral. En ella están representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, así como organizaciones profesionales agrarias, de consumidores, de cooperativas y sociedades laborales, así como expertos designados por el Gobierno autonómico y las Cortes de Castilla y León.
El CESCYL, además de la elaboración de informes por iniciativa propia e informar los anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto relacionados con la política socioeconómica remitidos por el Gobierno autonómico, está obligado por ley a realizar cada año un Informe General en el que se analice la situación económica, laboral y social de Castilla y León del año anterior. También ha constituido un Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada para canalizar demandas y propuestas de las organizaciones del Tercer Sector.
